En el marco de la toma de la sede central del Instituto Nacional de Derechos Humanos, a las 13:00 horas de este miércoles venció el plazo entregado por la Asamblea Coordinadora de Estudiantes Secundarios (ACES) al organismo para retirar sus archivos desde el inmueble.

Vía Twitter, el INDH había criticado el ultimátum acusando la existencia de «documentos sensibles para las víctimas de violaciones a los derechos humanos. Frente a cualquier daño de ese material, quienes permanecen en la toma deberán asumir su responsabilidad».

«El INDH reitera la propuesta que hizo el 6 de agosto en orden a constituir una mesa de trabajo una vez desocupada nuestra oficina central», añadió la institución liderada por Sergio Micco.

Durante la manifestación, la ACES acusó que el INDH «no se ha hecho cargo de su rol y ha sido un cómplice pasivo de las violaciones sistemáticas a los derechos humanos», exigiendo reparación a las víctimas.

Además, aseguró que mantendrán la ocupación «hasta que exista libertad a los presos políticos, justicia en contra de los criminales que atacaron al pueblo y reparación para todas las víctimas y familiares de la represión estatal».

Junto a la asamblea estudiantil, el edificio está siendo ocupado por la Coordinadora de Víctimas de Trauma Ocular, la Organización de Familiares y Amigos de Presos Políticos y la Coordinadora de Víctimas de Perdigones.

Tras el vencimiento del plazo para retirar los documentos, las organizaciones anunciaron «gestiones con organizaciones de Derechos Humanos para el traspaso de los archivos, ya que no seremos como el INDH que ignora a aquellos que acuden por ayuda a esta institución».

También acusaron que Micco «envió a cuatro representantes sin previo aviso para amenazarnos directamente, diciendo que el desalojo no depende de ellos, y que si tocamos los archivos habrá consecuencias legales, cuando durante cinco meses no les ha importado que esos documentos estén en la toma».

En el marco de la protesta, Rodrigo Bustos informó su renuncia a la jefatura de la Unidad de Protección de Derechos tras advertir que «el INDH ya no es un espacio en el que puedo seguir colaborando» y pedir que el organismo tenga «una voz más firme y clara para condenar las violaciones a los DDHH y hacer ver la falta de reparaciones integrales a sus víctimas».

Además, El Mercurio dio a conocer que el INDH no renovó los contratos a plazo fijo de casi 50 profesionales, entre abogados, psicólogos y asistentes sociales, pertenecientes al Programa Verdad, Justicia, Reparación y Garantías de no Repetición para las víctimas de abusos durante el estallido social.

Si bien aumentó el presupuesto para la unidad a 1.874 millones de pesos en 2022, la institución optó por renovar el equipo mediante un programa de concurso público.

ATON Chile.