El presidente del directorio de la Clínica Las Condes (CLC), Alejandro Gil, presentó una querella criminal contra quienes resulten responsables de infligir la Ley de Derechos y Deberes del Paciente al divulgar sus datos personales.

La acción se enmarca en el juicio oral por despido injustificado contra la exjefa del vacunatorio de la CLC, Carla Garrido, quien había denunciado a Gil por aplicarse en julio una tercera dosis contra el covid-19 cuando la medida aún no estaba autorizada.

Entonces, la denunciante y otra enfermera señalaron que el empresario las obligó a inocularlo con una tercera dosis de Pfizer, pese a que ya contaba con su esquema completo de Sinovac.

Producto de la situación, la jefa de Servicios Ambulatorios, Leticia Ortiz, renunció tras 15 años de trabajo en la clínica, mientras que Garrido fue desvinculada del recinto asistencial.

En tanto, el Gobierno presentó una denuncia por apropiación indebida que está siendo encabezada por la Fiscalía de Alta Complejidad, mientras que la Seremi de Salud Metropolitana multó a CLC con 600 UTM (casi $31 millones) y al director de la institución, Rodrigo Mardones, con 150 UTM (casi $8 millones).

En ese contexto y según constató Diario Financiero, Alejandro Gil realizó la querella, ya que “al parecer dos enfermeras técnico en enfermería superior accedieron a la información privada contenida en la ficha clínica del paciente y la difundieron a terceros”.

El juicio oral contra el timonel de la CLC quedó fijado para las 11:30 horas del 13 de abril de 2022. Si bien la demandante pedía una indemnización de más de $150.000.000, el Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago desestimó la solicitud y propuso que se le remunere un mes por cada año de servicio, además del mes de aviso previo y otros cuatro salarios más.

ATON Chile.