El jefe comunal Juan Ramón Godoy (PS) encargó una auditoría externa que detectó, entre otras irregularidades, que durante la administración de Eduardo Soto (UDI) se giraron al menos 18 cheques que suman más de $490 millones de pesos que no se registraron en la contabilidad del municipio. A juicio del abogado de la autoridad, Juan Carlos Manríquez, se debe indagar un posible fraude. Desde la administración anterior acusan una campaña de desprestigio.

Desde que el alcalde Juan Ramón Godoy (PS) llegó al sillón edilicio de Rancagua -el 28 de junio del año pasado- fue notando la existencias de varias falencias en distintas reparticiones de la municipalidad. Y con el correr de los meses, el carácter de esas irregularidades lo llevaron a tomar acciones concretas, pues advirtió hechos que podría tener implicancias más allá de lo administrativo y como funcionario público está obligado a denunciarlo. Así, en enero encargó una auditoría externa a la empresa Casanova Consultores que terminó confirmando parte de sus sospechas: “los estados financieros sujetos a análisis no presentan razonablemente, en todos sus aspectos significativos, la situación financiera” del municipio.

Entre los resultados de la indagatoria privada -en que se analizaron datos contables de los años 2017, 2018, 2019, 2021 y parte de 2021- se encontraron cheques girados que no habían sido registrados, pagos a honorarios sin respaldo en boleta de honorarios, cuestionamientos a licitaciones de áreas verdes, falencias en las entregas de cajas de mercadería, incumplimientos en la oficina de vivienda, y otras irregularidades.

Así, como señalaron a La Tercera PM desde la actual administración, creen que “existió un desorden financiero y un esquema administrativo defectuoso sostenido en el tiempo que fue útil para afectar directamente el patrimonio municipal y por ende los planes de esta actual administración para invertir en materias sensibles; mencionar: social, cultural, seguridad entre otros se han visto muy perjudicados por esas acciones y omisiones”.

Por lo mismo, esta jornada el abogado de Godoy, Juan Carlos Manríquez, presentará la denuncia correspondiente en tribunales. “Estos antecedentes se agregarán a las querellas y denuncias por daños calificados sobre bienes municipales y sabotaje, así como otros antecedentes sobre posibles fraudes reiterados e incendio que hoy están en manos de la fiscalía regional de O’ Higgins y para ese efecto nos hemos puesto a disposición de dicha autoridad, quienes indagarán acerca de los patrones comunes y posible conexión entre todos esos ilícitos”, sostuvo el profesional. Esto último haciendo referencia a la querella que presentaron hace algunas semanas donde alertan respecto de una posible organización que está efectuando una serie de destrozos en la ciudad.

En ese sentido, desde la administración municipal agregaron: “Las acciones legales van dirigidas contra quienes resulten responsables y lo que se busca es proteger el patrimonio de la Municipalidad y el buen uso de los recursos. Sin embargo, creemos que el primer responsable del buen uso de los recursos es el alcalde, y si en este caso se determina que es el exalcalde Eduardo Soto quien deba responder por lo evidenciado en la auditoría, que se investigue sin límites”.

“La administración actual está por la transparencia y la probidad, lo que la comunidad debe valorar, a pesar que a muchos les preocupará y quizás intenten bloquear estas acciones o sabotearlas seguiremos adelante”, agregaron advirtiendo sospechas de eventuales encubrimientos.

Tras conocerse la denuncia, el exalcalde Soto compartió en su canal de Youtube un mensaje donde señaló que se debía hacer una auditoría imparcial a las cuentas del municipio, puesto que a su juicio se estaría ante un proceso que se realizó “de manera mañosa”, ya que en esta oportunidad se habrían hecho dos licitaciones para lograr que el trabajo la hiciera una empresa -dijo- supuestamente afín a Godoy. Por lo demás, le exige que sea “más transparente” y audite todo, porque él también habría incurrido en faltas al fijar millonarias contrataciones y al realizar compras por trato directo a familiares de sus cercanos.

“Le pediría al alcalde que lleve lo más pronto posible esta auditoría a la Contraloría, para que sea esta entidad realice una evaluación neutral, objetiva y con todos los antecedentes necesarios, incluso los que él escondió. En mí caso, sí voy a ir a la Contraloría a pedir que investigue la adjudicación irregular que se hizo de la auditoría que contrató. Sobre su resultado, me tengo que excusar, porque es necesario primero contaron investigación profunda y sería. Es lamentable que en su afán de revanchismo y persecución, no escatime oportunidad para enlodar la gestión municipal que llevan a diario cientos de funcionarios”, complementó.

Cheques por más de $494 millones
Desde 2017, como se da cuenta en el documento de la auditoría, en la municipalidad se giraron al menos 18 cheques que no fueron registrados en la contabilidad. En suma, según los autores, el monto superaría los 494 millones de pesos. Entre los más abultados, destacan los emitidos en mayo, agosto, septiembre y octubre de 2020, de la cuenta que figura como “relleno sanitario”.

La situación se habría producido, detalla el escrito, pues detectaron “que las Conciliaciones Bancarias se están efectuando en forma manual y no en forma sistémica lo que implica que éstas no dispongan de los niveles de certeza requeridos para este tipo de herramientas de control”. Advierten, en ese sentido, que “al ser manuales las pueden ser manipulables y por tanto no entregar información fidedigna lo que impacta en la sustantividad de la información revelada en los Estados Financieros como tampoco dar cumplimiento a su naturaleza, ser una herramienta de control interno”.

Solicitados antecedentes sobre los puntos no registrados, añade la auditoría, ”no se recibió la documentación que acredite su justificación”.

Asimismo, el escrito de 51 páginas que La Tercera revisó, da cuenta que se detectaron, en el proceso de pago de honorarios, 40 casos que no presentaron la respectiva Boleta de Honorarios y sólo disponía de un Informe de desempeño como respaldo del pago mismo. ”Al no disponer de la boleta, el sistema no tiene contra qué validar como también enterar en Tesorería valores por retención de honorarios que no correspondan”, aseguraron. Así las cosas, alertan que se encontraron diferencias entre lo declarado en el Formulario 29 (del SII) y lo realmente recibido por concepto de boletas de honorarios electrónicas, por un total de $260.001.994, que corresponde al 10% por concepto de retención.

“Esto significa un pago bruto de $2.600.199.400 entre enero 2017 a mayo 2021, pero que no se han recibido boletas de honorarios equivalentes a esa cifra. La dirección de Recursos Humanos corroboró que en esos periodos no se emitieron boletas de honorarios por algunos servicios prestados por funcionarios contratados a honorarios pero que sí se realizaba la retención respectiva de dicho documento tributario”, detallan.

Igualmente, advirtieron dos casos de pagos de honorarios por la suma de $2.000.000 (2019) y $3.000.000 (2020) de un mismo prestador de servicios que no figuran en el portal de Transparencia y no disponen de un Contrato sobre los servicios prestados.

El trabajo de los profesionales requerido por el actual edil, igualmente, hace presente que no se pudo validar la entrega de cajas de mercadería a los beneficiarios con los respectivos informes sociales que justificaran las mencionadas ayudas y su correspondiente recepción conforme dado que no se dispuso de los listados que acreditaran el detalle de estos. “Al no disponer de esta información no se puede determinar si la asignación de recurso fue eficiente y cumplió con su cometido”, complementan.

En esa misma línea, detectaron incumplimientos sostenidos de obligaciones de la entidad patrocinante Municipal que funciona en la oficina de Vivienda (Ex EGIS): pagos no realizados a la entidad por incumplimiento de obligaciones, dan cuenta de incumplimiento en entrega de reportes y carga de información en sistemas; devolución de proyectos; proyectos con evidente retraso de ejecución; y programas con atraso de ejecución. Evidenciaron, también, irregularidades en contrato de mantención, reparación y mejoramiento de infraestructura y seguridad vial.

Fuente: La Tercera