Diego Paco, actual candidato a la gobernación de la Región de Arica y Parinacota, está vinculado a una serie de irregularidades que surgieron en torno a la compra de cajas de alimentos gestionada por el gobierno regional durante la pandemia de COVID-19 en 2020. Este escándalo, conocido como el «Caso Cajas», involucra la contratación de empresas para la distribución de alimentos y otros productos esenciales, una licitación que fue ejecutada bajo circunstancias irregulares y que más tarde fue cancelada por la Contraloría.

El 7 de abril de 2020, el Consejo Regional aprobó un total de 1.737 millones de pesos para diversas ayudas, de los cuales 900 millones fueron destinados a cajas de alimentos. Estos fondos fueron traspasados a la Subsecretaría del Interior para ser ejecutados por la Intendencia de Arica y Parinacota. Sin embargo, las irregularidades comenzaron cuando se identificó que las empresas contratadas para la entrega de los recursos presentaron direcciones y registros cuestionables.

Uno de los proveedores involucrados, Tobar y Tobar, entregó una dirección ficticia en la población Tarapacá Oriente, que, según investigaciones, no correspondía a ninguna vivienda del sector. Aparentemente, esta dirección coincidía con la registrada por otro oferente, Sociedad Cifras Mac Connell, lo que generó sospechas sobre la legitimidad de las ofertas presentadas.

El Intendente Roberto Erpel, quien estuvo a cargo de la ejecución del proceso, emitió un memo el 15 de mayo de 2020, en el que se ordenaba proceder con la contratación de Tobar y Tobar, a pesar de que esta empresa no era la más económica ni cumplía con los requisitos establecidos en la licitación. Este memo sugiere que el comité de adjudicación no tuvo libertad para decidir, lo que plantea serias dudas sobre la transparencia del proceso.

Pero la conexión de Diego Paco al «Caso Cajas» no termina ahí. Tras la cancelación del contrato por parte de la Contraloría, apareció en la misma dirección de los cuestionados proveedores un minimarket denominado «La Paloma Dispal», que, según los registros del Servicio de Impuestos Internos, pertenece a Diego Paco Mamani, quien en ese momento era Consejero Regional. Esto genera inquietudes sobre el papel de Paco en los negocios relacionados con este proceso, dado que los vínculos entre su empresa y los proveedores implicados en el escándalo son ahora un punto de atención en el marco de su candidatura.

El «Caso Cajas» ha sido objeto de un seguimiento continuo por parte de la Contraloría, que no solo identificó irregularidades en el proceso de adjudicación, sino que también reveló sobreprecios en los productos adquiridos y la falta de experiencia de las empresas contratadas en el rubro alimenticio, como en el caso de Tobar y Tobar, que no tenía registrado inicio de actividades para la venta de alimentos hasta meses después de haberse adjudicado el contrato.

Este conjunto de irregularidades pone en duda la transparencia y la ética de los involucrados en la adjudicación de este millonario contrato. La aparición de Paco en la misma dirección de las empresas cuestionadas refuerza las dudas sobre su vínculo con este proceso, lo que podría afectar la percepción pública de su candidatura a la gobernación regional.