A más de cinco años del estallido social que remeció a Chile en octubre de 2019, nuevas cifras revelan un preocupante escenario en torno al acceso a la justicia para las víctimas de violencia institucional. Según datos entregados por la Fiscalía Nacional a través de la Ley de Transparencia, más del 90% de las denuncias realizadas no llegaron a juicio.

La organización “Acción Cívica” fue la responsable de solicitar estos antecedentes, los cuales reflejan que de las 11.925 denuncias ingresadas al Ministerio Público por hechos asociados al estallido social, solo 400 causas —es decir, un escaso 3,4%— lograron avanzar hasta una instancia judicial. En contraste, un abrumador 69,3% de los casos fue cerrado sin siquiera haber pasado por los tribunales.

Las cifras también revelan que, de los pocos casos que sí llegaron a juicio, se dictaron 76 sentencias: 55 de ellas fueron condenatorias, mientras que 21 terminaron en absoluciones. Sin embargo, aún hay cuatro veredictos pendientes de ejecución, lo que deja el proceso incompleto en algunos puntos clave.

La abogada Karinna Fernández, representante de Acción Cívica y querellante en varias causas relacionadas con abusos policiales durante el estallido, calificó estos resultados como una muestra del incumplimiento por parte del Ministerio Público. Fernández también criticó que la mayoría de los casos no cuenten con un abogado querellante, lo que deja a las víctimas en una situación de evidente desventaja frente al sistema judicial.

Desde el ámbito académico, el exfiscal y docente de Derecho en la Universidad de Concepción, Andrés Cruz, ofreció una visión más estructural del problema. A su juicio, la situación responde a una sobrecarga del sistema judicial, que no cuenta con los recursos humanos ni presupuestarios suficientes para responder a la alta demanda de investigaciones que se generaron tras la crisis social. Según Cruz, existe una brecha entre las expectativas sociales y la capacidad real del Ministerio Público para cumplir con su labor.

En el plano político, la falta de avances también ha sido motivo de debate en la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputadas y Diputados. Aunque desde posturas distintas, varios parlamentarios coincidieron en señalar que existe una falla institucional evidente. Mientras el diputado Johannes Kaiser (Partido de los Países Libres) interpretó esta situación como una injusticia hacia los funcionarios policiales que —según él— fueron acusados sin fundamentos, la diputada Lorena Pizarro (Partido Comunista) expresó su preocupación por lo que consideró un escenario de impunidad sistemática.

El debate sobre justicia y reparación para las víctimas del estallido social continúa abierto. Las cifras conocidas hoy reavivan la discusión sobre la necesidad de fortalecer el sistema judicial, garantizar el acceso igualitario a la justicia y asegurar que hechos tan relevantes en la historia reciente del país no queden sin responsables.