Columna de opinión por Carlos Pereira Jadue, académico Facultad de Derecho y Gobierno U. San Sebastián.

La reforma tributaria, con la virtuosa aptitud de hacer más complejo el sistema, incorpora nuevas declaraciones juradas (DJ) las cuales son el contenido fundante de la Declaración de Impuestos a la Renta (Formulario 22).  

Con la negativa del gobierno de postergar la operación Renta, el Colegio de Contadores, con razonables fundamentos, nos sorprende con una pujante declaración pública: acusa a la autoridad política de intransigente y los responsabiliza de los posibles errores que se cometan en dichas declaraciones, reservándose el derecho a iniciar acciones legales. La noticia no se dejó esperar, y el titular de Hacienda nombrado por el Presidente Electo, se refiere a una “Posible postergación de la Operación Renta”.

El cabildeo tributario se concentra en el hecho que el SII modificó los criterios de cumplimientos de las DJ a sólo pocos días del vencimiento de plazo para su presentación (oficio 476 y 471), lo que promovió la histeria del colectivo, más por lo intempestivo de la medida, que por sus fundamentos. Así entonces, el SII anuncia que condonará las multas provenientes de DJ extemporáneas o rectificatorias.

Curiosamente, a menos que el problema sea meramente semántico, los actores del debate: “colegiados”, “intransigentes” (gobierno saliente) y los “prometedores” (gobierno entrante), se refieren a la postergación de la operación renta, mas no a las DJ que detentan el contenido fundante de lo que discuten postergar. De haber postergación, el problema sólo cambia de nombre: antes se llamaba F22, hoy DJ.

La posible postergación requiere de la tramitación de una mal aspectada Ley Corta, que a nuestro parecer es inútil y es muy costosa políticamente. La solución razonable pareciera ser: la condonación de multas, laxitud en los criterios de cumplimiento y la tramitación seria de una reforma tributaria.