La Contraloría emitió un dictamen sobre las últimas intervenciones públicas del Ejército, en especial, de su comandante en jefe Ricardo Martínez, que emitió polémicas declaraciones en una entrevista en 2020 y reclamó públicamente contra un programa de televisión.

A través de un documento enviado a todas las ramas de las Fuerzas Armadas y al Ministerio de Defensa, Contraloría llamó la atención a las instituciones, recordando que deben abstenerse de realizar declaraciones que puedan afectar “el carácter no deliberante de las instituciones de la defensa nacional”.

“Ninguno de los institutos armados, ni los diversos cuerpos que los forma, ni sus miembros individualmente invocados o reunidos en su calidad de tales (…) pueden debatir los problemas colectivos con miras a uniformar apreciaciones o coordinar actitudes que conduzcan a expresar aplausos o crítica a los órganos del poder político o pretendan indicarles o manifiesten intenciones de hacer prevalecer soluciones propias en cualquier aspecto”, señala el texto.

“La misión propia de esas instituciones no es dilucidar ni pronunciarse en torno a la dirección general del país, sino que su llamado consiste en servir, dentro del ordenamiento jurídico, aquella orientación que resulta del propio juego democrático”, agrega el ente contralor.

Así, en siete páginas, la institución liderada por Jorge Bermúdez, explicó el rol que mantienen las Fuerzas Armadas y su obediencia al poder civil. Por lo mismo, se mencionan dos situaciones a modo de ejemplo, que tuvieron como protagonista al comandante en jefe del Ejército.

Primero, se hace alusión a una entrevista del Comandante en Jefe del Ejército publicada en El Mercurio de 20 de septiembre de 2020, en donde “se contienen expresiones referidas a la tardía condena de la violencia en ‘todos los ámbitos’ en el contexto del estallido social de 2019; a la calificación de ‘delincuentes’ de quienes han participado en diversas manifestaciones en La Araucanía; apreciaciones sobre la forma en que deben ser tratadas las Fuerzas Armadas en el nuevo texto constitucional y a los principios que deben resguardarlas; y también una defensa del sistema de pensiones de las Fuerzas Armadas, comparando el desempeño de la carrera militar con otros del sector civil”.

Por otra parte, se explica, “en la carta enviada al director del diario El Mercurio por el mismo Comandante en Jefe del Ejército y el comunicado oficial de esa rama castrense, emitido con motivo de actos efectuados contra la estatua del General Manuel Baquedano González, de fechas 16 de agosto y 16 de octubre de 2020, respectivamente, se alude a la ‘vandalización de diversos monumentos’; ‘personas que vuelcan su resentimiento y frustración’; ‘herida autoinferida’ y “camino de la violencia y el vandalismo’, entre otras cuestiones”.

Por lo tanto, la Contraloría advirtió que “Las expresiones vertidas en esas instancias, sin configurar una infracción al deber de obediencia (…) constituyen apreciaciones subjetivas y calificaciones sobre la contingencia nacional, que no guardan relación directa con las funciones propias de esa rama armada y que, de reiterarse, terminarán afectando el carácter no deliberante de las instituciones de la defensa nacional”.

Además, en el dictamen, también se aborda la carta enviada por el Ejército al canal de televisión La Red, luego de la emisión del programa humorístico “Políticamente Incorrecto”, en donde se hizo una parodia de un general de la institución. Sin embargo, sobre este punto, Contraloría descartó algún tipo de irregularidad.

“En ellos no se aprecia una vulneración al deber de no deliberar en los términos expuestos en el presente pronunciamiento, puesto que no implicaron un involucramiento en cuestiones de política contingente, sino que fue una manifestación de su disconformidad con los hechos allí representados y que se refirieron directamente a esa institución, cuya evaluación queda en el ámbito del mérito o la conveniencia”, señala el dictamen.

Finalmente, Contraloría indica que “las Fuerzas Armadas deberán ajustarse a lo establecido en la referida orden ministerial para los efectos de emitir las declaraciones que sean pertinentes en el ejercicio y dentro del ámbito de sus competencias, teniendo además en consideración lo expuesto en el presente pronunciamiento”.

CLL/Aton Chile.