El año 2024 se convirtió en el período con más vulneraciones a los derechos de defensores del medioambiente en Chile, con un total de 27 personas afectadas (14 hombres y 13 mujeres). Según el informe de la organización Escazú Ahora, la violencia física se triplicó en comparación con el año anterior, y las mujeres fueron las más expuestas, representando el 70% de los casos.

El documento titulado “La situación de las personas defensoras de la naturaleza en Chile durante el 2024”, publicado este lunes, advierte sobre la persistencia de agresiones físicas, el uso sistemático del hostigamiento judicial y la falta de medidas efectivas por parte del Estado para proteger a estos activistas. En total, se registraron 47 episodios de vulneración de derechos, en comparación con los 35 casos de 2023.

Los ataques físicos, que representaron el 49% de las agresiones, crecieron un 35% y superaron a las amenazas, que habían sido la principal forma de violencia en 2023. Esto equivale a una agresión cada siete días. La impunidad y el aumento de conflictos socioambientales han sido señalados como factores clave en esta escalada de violencia, explicó Sebastián Benfeld, presidente de Escazú Ahora.

Aunque la cantidad de hombres y mujeres afectadas fue similar, las mujeres sufrieron la mayoría de las amenazas y muchas de ellas fueron víctimas de ataques reiterados. Un 48,4% de las agresiones contra ellas fueron de carácter físico.

Las regiones con mayor cantidad de casos fueron Valparaíso y Biobío (26,9% cada una), seguidas por Los Lagos (15,4%), donde los conflictos entre comunidades y empresas forestales han intensificado el riesgo para los activistas.

De los 47 casos registrados, solo 29 fueron denunciados ante la justicia. Sin embargo, el 38,2% de las víctimas decidió no tomar acciones legales, y de las denuncias presentadas, 25 siguen en trámite tras más de seis meses, tres fueron rechazadas o desestimadas, y solo una tuvo un resultado favorable.

Escazú Ahora hizo un llamado urgente a frenar la escalada de violencia y a cumplir los compromisos del Acuerdo de Escazú, ratificado por Chile en 2022. En mayo de 2024, un grupo de parlamentarios presentó un proyecto de ley para proteger a los defensores ambientales, pero su tramitación solo se reactivó en marzo de este año.

Sin medidas concretas y sanciones efectivas, la impunidad seguirá siendo la norma en los ataques contra quienes defienden el medioambiente, advirtió Benfeld.