La calidad del aire en Chile representa una crisis tanto ambiental como sanitaria, especialmente en las comunas del sur del país, lo que hace imprescindible una intervención estatal rápida y estructurada. Aunque factores naturales pueden influir en el problema, la principal causa de la polución proviene de actividades humanas, especialmente el transporte y la quema de leña para calefacción y cocina. En algunas ciudades del sur, estas fuentes generan más del 80% del material particulado fino (PM2.5), según explicó Silvana Espinosa, vocera de Greenpeace.

Entre las comunas del sur más afectadas por la contaminación del aire se encuentran Coyhaique (Región de Aysén), Osorno y Puerto Varas (Región de Los Lagos), Pitrufquén, Victoria y Padre Las Casas (Región de La Araucanía). Estas localidades han registrado concentraciones de material particulado fino que superan significativamente las directrices de la Organización Mundial de la Salud.

La falta de alternativas accesibles para una calefacción más limpia y eficiente prolonga esta crisis, exponiendo a la población a niveles peligrosos de contaminación. Ante esta situación, el Estado debe implementar medidas concretas y decididas, impulsando la transición hacia fuentes de energía menos contaminantes para la calefacción domiciliaria, reforzando la regulación de las emisiones del transporte y la industria, e invirtiendo en sistemas de monitoreo y control de la calidad del aire.

Dentro de América Latina, Chile se encuentra entre los países con mayor exposición a la contaminación del aire, ocupando el sexto lugar en un ranking de 28 naciones, solo detrás de Perú y superando a Colombia (puesto 11) y Argentina (puesto 17).

A pesar de que el informe de IQAir muestra una reducción en la concentración anual promedio de material particulado en el país, bajando de 18.8 µg/m³ en 2023 a 16.6 µg/m³ en 2024, la cifra aún dista del estándar recomendado por la Organización Mundial de la Salud (OMS), que establece un límite de 5 µg/m³.

Aunque existen barreras económicas y estructurales, no se puede seguir postergando la adopción de políticas que resguarden la salud pública y disminuyan el impacto ambiental de la contaminación. La gravedad del problema exige un compromiso político firme, una articulación efectiva entre distintos sectores y un enfoque de justicia ambiental, priorizando a las comunidades más afectadas para que sean las primeras en beneficiarse de soluciones reales y sostenibles.