Si bien admite que la administración actual ha hecho esfuerzos, el presidente de NutreChile alerta que las compañías arrastran problemas de caja por la tardanza en pagos.

Fuente: Diario Financiero

Con marzo también llega el regreso a clases y vuelve a operar el Programa de Alimentación Escolar (PAE) que, además de ser el mecanismo mediante el cual Junaeb hace llegar comida a miles de colegios, se trata de una de las licitaciones más abultadas del país.

Desde 2008 algunas de las empresas concesionarias del Programa se agruparon en el gremio NutreChile que, hasta el año pasado, estuvo comandado por el abogado Darío Calderón. Tras su salida, la asociación -que hoy agrupa a 12 compañías que representan cerca de la mitad del PAE- quedó presidida por Sebastián Pérez Torrejón, quien fuera uno de los asesores más estrechos de Calderón y jefe de la Unidad de Asesoría Técnica de Junaeb.

“Le estamos haciendo la posta”, dice Pérez en entrevista con DF. De hecho, la conversación ocurre en las mismas oficinas de Calderón en el edificio de Grupo Patio en Vitacura, compañía de la cual el abogado llegó a ser presidente. Pero no es su nuevo cargo lo que lleva a Pérez a dar esta entrevista, sino que un cúmulo de situaciones que, asegura, tienen a los concesionarios del PAE contra las cuerdas.

Si bien hace años critican las tardías adjudicaciones de las licitaciones, Pérez apunta que este año el proceso recién se selló el 21 de febrero, dejando menos de 10 días para implementarlo.

“En los últimos años había estado a mediados de enero, este año llegamos a la situación extrema (…) Es verdad que influye Contraloría (por la toma de razón), pero si uno adelantara el proceso y empezara a hacerlo en junio, llegaría tranquilamente a septiembre con las raciones adjudicadas”, argumenta.

Pérez destaca que las compañías son capaces de cumplir y llegar con la alimentación tal como se hace en los casos de emergencia, pero admite que inevitablemente afecta el desempeño del Programa en los primeros días de clases. “Si el niño tenía que comer bistec con arroz, a lo mejor no va a poder llegar el bistec y se le va a tener que dar una alimentación distinta”, sostiene.

Deuda arrastrada

La tardía adjudicación no es lo que más complica a las compañías, sino que las demoras en los pagos, que “generan grandes deudas que se arrastran por los años y van afectando la capacidad financiera de las empresas y, obviamente, también la capacidad operativa”, señala Pérez.

El origen de la deuda que reclaman viene de la pandemia, cuando las alzas en los precios de los alimentos comenzaron a complicar a las empresas. Pérez explica que, en 2021, la Junaeb cambió el modelo de pago, por lo que ahora por un 60% de lo licitado se paga un monto fijo, pero el 40% restante depende de la asignación mensual que efectivamente tenga la compañía. “Eso genera una distorsión grande (…) Tú haces un estimado de lo que se va a comer en el año, pero eso va variando”, plantea.

El tema, continúa Pérez, es que también se incluyó una cláusula de estabilidad operacional por la cual se le paga a la empresa por raciones que no pudo servir por razones que no le son imputables a ella, como por ejemplo, un paro de profesores. “La parte fija es un 60%, pero cuando ocurran esos hechos, como tú igual pusiste la comida, te van a pagar el 85%. Es un diferencial”, detalla.

No obstante, denuncia que ese monto de estabilidad operacional no se ha pagado desde 2022, lo que ha acumulado una deuda de $ 50 mil millones con las concesionarias.

“Te pega en la última línea, quizás si tú miras versus la facturación mensual no es tanto, pero estamos hablando de empresas que tienen márgenes entre el 3% y 5%. O sea, hace que la empresa trabaje y no tenga utilidades”, acusa Pérez. “Implica asumir costos financieros, factorizar, recurrir a la banca con intereses y todo eso te va pegando en la caja”.

Multas y peligros

En paralelo, la Junaeb le reprocha a las empresas del Programa el no pago de algunas multas, sanciones que desde el gremio impugnan. “El sistema cobra multas millonarias que no tienen ninguna relación con los hechos. Si tú diste yogur de vainilla y tenías que dar de frutilla te pueden cobrar $ 200 millones, es una locura”, reclama.

Pérez hace un guiño a la administración actual -liderada por Camila Rubio- y dice que “es claro que han hecho un esfuerzo”, pero que el problema está en la falta de capacidad de Junaeb para procesar la información y gestionar los pagos.

“El servicio se sigue entregando en las condiciones que nos pide Junaeb, pero a costa de la empresa”, resume Pérez, afirmando que algunas firmas han llegado a quebrar por la situación. “No ingresan nuevas empresas al mercado. Tienes grandes actores del mercado de la alimentación que no postulan a las licitaciones, como Aramark y Sodexo (…) Esa es la consecuencia directa. No hay una mayor competencia”.