Mientras una manifestación se desarrollaba en las afueras del ex Congreso de Santiago, la Convención Constitucional aprobó con 105 votos a favor, 34 en contra y 10 abstenciones, una serie de demandas dirigidas al Poder Legislativo, Ejecutivo y Judicial para sentar «las garantías democráticas que permitan el adecuado funcionamiento del proceso constituyente».

En concreto son seis puntos los incluidos en la declaración, validada por el pleno y redactada por convencionales del pacto Apruebo Dignidad (Partido Comunista y Frente Amplio) junto a sus pares del Partido Socialista.

Sin embargo, en medio de peticiones como la liberación de los presos políticos mapuche o la desmilitarización del wallmapu, el punto más controversial del documento es el apoyo al proyecto de ley que entrega un indulto general a los detenidos en el marco del estallido social que está siendo tramitado en el Senado.

Especialmente debido a los difusos márgenes sobre el poder político de la Convención, ya que el pronunciamiento escapa del decreto por el cual fue convocada la instancia. Sin embargo, la petición de indulto fue respaldada desde el primer momento por gran parte de los constituyentes electos -salvo la centroizquierda y la derecha- quienes lo defienden como un elemento clave antes de empezar a redactar la nueva Carta Magna.

Por ejemplo, el convencional PS, Jorge Baradit, ya dejaba entrever la postura de sus pares antes de la fallida primera sesión: «Somos un órgano con peso político que puede ayudar a tomar decisiones. En este caso lo que pedimos, a lo menos, es que se empiece a discutir».

Baradit remarcó que «las fuerzas más radicales dentro de la constituyente cedieron», haciendo una referencia a la Lista del Pueblo. «Ellos pedían, como condición para el inicio de la instalación, la liberación de los presos políticos. Y fueron capaces de retroceder y esperar, en confianza de que esto se iba a solucionarse. Hemos visto muchas leyes resueltas de manera express. Esto es algo que va a contribuir a la pacificación del país. Como Convencionales no estamos exigiendo alguna conducta o resolución. Lo que estamos pidiendo es una solución política», agregó.

Asimismo, el vicepresidente de la mesa directiva, Jaime Bassa, remarcó que «estamos en un momento bien particular de la instalación de la Convención Constituyente y del tipo de poder político que ejerce. Estamos acostumbrados a ver reglas establecidas y ahora vemos un poder político que tiene que establecer sus propias reglas. Significa que tiene que decidir como decidir y no tenemos reglas para votar, nos estamos dando nuestras propias reglas en un proceso de construcción colectiva, aprendizaje y ensayo y error».

Durante la discusión de la mesa, el constituyente del Frente Amplio, Fernando Atria, remarcó que el decreto que permitió la instalación de la Convención Constituyente, firmado en el Acuerdo por la Paz de noviembre 2019, fue una respuesta al estallido social que tenía en jaque al país.

«La Convención Constitucional, obviamente, no puede indultar o amnistiar personas o actos, eso corresponde a los poderes constituidos. Pero eso no lo discutimos, sino que discutimos si llamar a esos poderes a ejercer sus competencias para indultar o amnistiar a los culpables de los hechos ilícitos durante la revuelta de octubre», indicó Atria.

«Es innegable que la revuelta de octubre es el origen del proceso constituyente, y también es innegable que la situación de los presos de la revuelta está y continuará dificultando el desempeño de ese mandato (redacción de la Constitución) (…) Solucionar esa situación es claramente una contribución al proceso constituyente», agregó.

El Gobierno no tardó en reaccionar a la declaración. El subsecretario del Interior, Juan Francisco Galli, criticó duramente el concepto de garantías políticas y preguntó cuales son los límites de dichas garantías.

«Escuché hoy en la Constituyente a personas que decían que había que indultar a la personas que están privadas de libertad para dar señales políticas. ¿Cuáles son las señales políticas? ¿Acaso vamos a declara impunes a quienes entraron a saquear una ferretería y golpearon a los trabajadores allí presentes? ¿Vamos a declarar impune a quienes atacaron a automovilistas ayer? ¿Vamos a declarar impunes a quienes ocuparon armas de fuego y atacaron ayer a cuarteles policiales?. Creo que las señales tienen que ser claras», indicó la autoridad estatal.

Galli afirmó que «ni los que ayer utilizaban bombas molotov o saquearon locales comerciales, ni los que lo hicieron con ocasión del estallido social, son presos políticos».

La posición del Ejecutivo también es apoyada por el oficialismo en la Convención. El exsubsecretario de Redes Asistenciales y hoy constituyente, Arturo Zúñiga, tomó la palabra durante la discusión y aseguró que debatir sobre los «presos políticos» escapa de las funciones para las que fueron convocados.

«Nosotros tenemos un mandato muy claro, que es proponer un texto de nueva Constitución para mejorar la vida de las familias de nuestro país. Así como el Congreso tiene el poder constituyente y la Nación tiene el poder soberano… lo único soberano que estamos haciendo, a 5 días de haber empezado a trabajar y todavía no hablar de nada concreto, es el soberano ridículo», indicó Zúñiga.

En esa línea, los convencionales de Vamos por Chile demandan irregularidades en la mesa de Jaime Bassa y Elisa Loncon. Presentaron una carta para pedir la repetición de la votación que amplió la instancia a nueve integrantes, e incluso el constituyente RN Manuel Ossandón anunció que irá a la Corte Suprema.

Consultado por dicha situación, Bassa volvió a argumentar la falta de reglas en la Convención: «Hemos recibido un mandato constitucional para dirigir la Constituyente, que tiene la obligación de darse a sí misma un reglamento. Mientras no haya reglamento, no hay infracciones al reglamento. Y para que haya una infracción procedimental tiene que haber un procedimiento previamente establecido, y eso no existe. Por eso estamos en una situación tan interesante y compleja al mismo tiempo. Esto es difícil, porque estamos generando las condiciones para ejercer poder constituyente».

De todas formas, habrían sectores de la derecha que estarían abriendo al diálogo debido a que el bloque no alcanza el tercio para vetar proyectos. Ha trascendido que convencionales como Bernardo de la Maza y Ricardo Neumann, electos por cupos Evópoli y UDI respectivamente, estarían acercándose a otros convencionales y alejándose del bloque más duro representado en Marcela Cubillos y Teresa Maronovic.

Así, después de resuelto uno de los puntos más controversiales de la instancia como lo era la petición de indulto a los presos del estallido, la Convención seguramente volverá a abocarse a sus trabajos de reglamento y definición de comisiones.

En una turbulenta semana, la instancia ya definió a su mesa directiva, el número de sus integrantes y aprobó tres comisiones: de Reglamento, de Ética y de Presupuesto y Administración Interior.

La próxima sesión está definida para el martes 13 de julio a las 9:30 horas, donde seguramente se seguirán revisando nuevas comisiones y se escogerá a los siete constituyentes que acompañarán a Bassa y Loncón en la dirección, de los cuales dos formarán parte de escaños de los pueblos originarios.

De forma paralela, el Congreso deberá seguir tramitando el proyecto de indulto a los presos políticos del estallido social, el cual está siendo discutido en la Comisión de Constitución del Senado. La mesa ya recibió los reparos del ministro de Justicia, Hernán Larraín, y su par de Interior, Rodrigo Delgado.

«Aquí se está dando una amnistía a personas que están en proceso, pero con las consecuencias no del indulto, sino que también de la amnistía para que borren todos los efectos legales que sufran de esa definición. Esto no es un indulto, estimados senadores y senadoras, como ustedes bien lo saben, es una amnistía disfrazada», indicó Larraín

En tanto, Delgado dijo que «estamos ante un proyecto que no sólo estará avalando la violencia y el delito como forma de hacer política, sino que también dando una señal a todo el país de que emplear la violencia y delinquir por motivos políticos se perdona».

Sin embargo, cuando la mesa retome el debate, tendrá la sombra de la declaración de la Convención detrás. Y respaldar el indulto podría validar la voz de la instancia y darle pie a que se pronuncie en otras materias, mientras que rechazarla le quitaría peso al organismo encargado de escribir la nueva Constitución para el país.

ATON Chile – P.C.