Después de una caótica primera semana, la Convención Constitucional se prepara para reanudar sus acciones a partir de las 9:30 horas de este martes 13 de julio en el ex Congreso de Santiago.

Entre los temas a discutir asoma la elección de los siete los nuevos vicepresidentes o vicepresidentas -de los cuales dos formarán parte de escaños reservados-, así como también decidir la metodología bajo la cual serán elegidos.

También se discutiría sobre un protocolo sanitario para evitar contagios de covid-19, la conformación de las ya aprobadas comisiones de Reglamento y Ética, la mejora en el sistema de votaciones y la posible creación de una comisión de Comunicaciones y Participación Ciudadana, idea planteada por la convencional Patricia Politzer (Independientes No Neutrales,).

De esta forma se reanudaría una instancia que no estuvo exenta de complejidades en su instalación. De hecho, desde la mesa presidida por Elisa Loncon y vicepresidida por Jaime Bassa explicaron que no sesionaron desde el pasado jueves con el objetivo de mejorar los lugares de preparación donde se seguirá trabajando la nueva Constitución.

En ese contexto, Loncon y Bassa sostuvieron una reunión este lunes tanto con la Contraloría General de la República como con el Consejo para la Transparencia.

«Nuestra apuesta es descansar en el sistema público ya establecido para tener un buen manejo administrativo y un buen manejo desde la ciudadanía de los quehaceres y lo que corresponde hacer a los convencionales constituyentes», explicó Loncon después del encuentro con el contralor general Jorge Bermúdez y la presidenta del Consejo para la Transparencia, Gloria de la Fuente.

En la misma línea, el contralor Bermúdez sostuvo que pretenden «colaborar con la Convención para que tenga los mejores estándares en materia de publicidad de sus actuaciones, de transparencia, de declaraciones de intereses y patrimonios. Para eso hemos puesto a disposición de la Convención los sistemas que están hoy día de manera que signifique que ahora puedan cumplir con sus obligaciones que le corresponden de acuerdo a la legislación».

Posteriormente, el presidente y la vicepresidenta de la Constituyente se reunieron con la senadora y presidenta de la Comisión de Hacienda de la Cámara Alta, Ximena Rincón (DC), para abordar la discusión por el presupuesto.

Después de la junta, Rincón afirmó que «se necesitan más recursos para enfrentar, en el país, las demandas que tiene la ciudadanía; y en la Convención, para tener un buen trabajo. Y para eso se necesitan equipos, conectividad, de apoyo de implementación que tal como está diseñado el presupuesto hoy día, probablemente requiera reasignaciones».

No han sido los únicos encuentros que han sostenido Loncon y Bassa con otras instituciones y poderes del Estado. Las universidades estatales, el Colegio Médico, el Senado y la Cámara de Diputados son algunos de los entes que se reunieron con los actuales titulares de la Convención para prestar su apoyo técnico y logístico al organismo constitucional.

Las reuniones se enmarcan en los problemas técnicos que marcaron la primera semana. La suspendida sesión del pasado lunes 5 de mayo sigue dejando coletazos y desembocó en la salida del secretario ejecutivo de la Convención designado por el Gobierno, Francisco Encina, quien fue reemplazado por la es candidata Evópoli a la gobernación regional, Catalina Parot.

Asimismo, los errores que forzaron la paralización de la primera sesión podrían provocar una acusación constitucional contra el ministro de la Segpres, Juan José Ossa, quien supuestamente es el encargado de garantizar el funcionamiento de la Constituyente.

Sin embargo, el libelo acusatorio ha encontrado dificultades para prosperar. El diputado Daniel Núñez aseguró que en su sector, el Partido Comunista, esperan recabar «apoyos en el resto de diputados y diputadas de oposición» antes de presentar la moción en el Congreso.

Mientras, desde el Gobierno y el oficialismo ya blindaron a Ossa. El vocero de Gobierno, Jaime Bellolio, apuntó a que «quieren hacer una acusación por no tener internet durante un día y nombrar a Catalina Parot, quien tiene un liderazgo notable. Eso da cuenta de la actitud antidemocrática».

Casi en simultáneo, el diputado Sebastián Torrealba emplazó a la Convención: «Causa extrañeza que salgan ataques desde la Convención al ministro Ossa y hoy día se dieron feriado, y parece que el lunes también. Y en vez de estar discutiendo respecto al reglamento, se dar vacaciones. Me parece que es bastante insostenible».

La acusación de Torrealba se suma a la realizada por el resto de los constituyentes de Vamos por Chile, quienes critican que en la primera semana de la Convención no se debatieron materias propias de la redacción de la nueva Carta Magna.

El ex subsecretario de Redes Asistenciales y convencional UDI, Arturo Zúñiga, afirmó durante la discusión del pasado jueves: «Nosotros (los constituyentes) tenemos un mandato muy claro, que es proponer un texto de nueva Constitución para mejorar la vida de las familias de nuestro país. Así como el Congreso tiene el poder constituyente y la Nación tiene el poder soberano… pero lo único soberano que estamos haciendo, a 5 días de haber empezado a trabajar y todavía no hablar de nada concreto, es el soberano ridículo”.

Más allá fue la también convencional constituyente gremialista, Marcela Cubillos, quien aseguró que el órgano constituyente ha funcionado «como un segundo Congreso, copiando sus atribuciones y malas prácticas».

«Además sin reglas. La mesa no tiene atribuciones reguladas, ejerce de facto imponiendo sus criterios. Urge corregir la forma de funcionar y ponernos a trabajar en mandato que tenemos», manifestó la ex-ministra de Educación en su cuenta de Twitter, donde durante la noche de ayer ya había expresado sus críticas, sobre todo por el controvertido documento», agregó Cubillos.

La declaración de la exministra de Educación se enmarca en uno de los puntos más polémicos de la primera semana de la Convención: la declaración aprobada con 104 votos que, entre seis puntos, exige celeridad al proyecto de indulto para los «presos políticos» del estallido social.

Junto a esa interpelación, la declaración pide la desmilitarización del wallmapu; indulto a presos políticos mapuche, aplicable desde 2001; concluir el proceso de modificación del Reglamento de Establecimientos Penitenciarios; reparación integral a quienes han sido víctimas de persecución, prisión política y violación de los Derechos Humanos; y un compromiso por parte de la Convención a crear mecanismos que permitan la defensa de los DD.HH.

Dicha misiva marcó el punto de cierre de la última sesión de la Constituyente y su contenido repercute especialmente después de la muerte del comunero mapuche Pablo Marchant, fallecido el pasado viernes debido a un enfrentamiento con Carabineros. Pese a que la investigación está en curso, diversos sectores responsabilizan a las fuerzas policiales del deceso del joven, mientras que el líder de la Coordinadora Arauco Malleco, Héctor Llaitul, denunció una posible ejecución.

La muerte de Marchant podría marcar la pauta de la sesión de este martes de una Convención, que si bien apunta a retomar aspectos técnicos, podría nuevamente abordar temas de contingencia nacional.

En esa línea, el constituyente electo en el distrito 7 con el apoyo del Partido Liberal (PL), Agustín Squella, afirmó a Radio Pauta: “La contingencia puede terminar devorando a la Convención Constitucional, alejándola de su objetivo o perjudicándola, a lo menos, en su objetivo”.

ATON Chile – P.C.