Columna de opinión por Rafael Rosell Aiquel, decano Facultad de Derecho y Gobierno. U. San Sebastián.

Un millón y medio de refugiados sirios junto con los ciudadanos libaneses, distribuidos en 10.452 kilómetros cuadrados del territorio que ocupa Líbano, viven una compleja situación humanitaria, social, económica, política de seguridad nacional que se acrecienta con la Ley 10 de Propiedad emitida por el gobierno sirio.

Esta norma legal representa para Amnistía Internacional y Human Rights Watch, un intento de implementar una “limpieza demográfica”, ya que abre la vía para designar áreas de reconstrucción, expropiar y confiscar propiedades sin un debido proceso legal y sin compensación.

En virtud de esta nueva normativa una vez que sea declarada urbanizable una zona, las autoridades deben notificárselo públicamente a los propietarios de viviendas y tierras en ella, que tienen sólo 30 días para presentar la documentación necesaria para reclamar sus propiedades.

El plazo y la documentación necesaria son los requisitos más criticados. Tras las denuncias públicas, Siria amplió el plazo a un año.

Por otra parte, las mujeres cuyos esposos o padres han resultado muertos o están en paradero desconocido, encontrarán grandes obstáculos para reclamar sus bienes, pues los títulos de propiedad están normalmente a nombre de familiares varones.  Esta ley, podría utilizarse para poner en práctica un proyecto de ingeniería social.

Miles de personas, principalmente las que están en zonas partidarias de la oposición o han buscado refugio fuera del país, corren el riesgo de perder sus hogares porque sus documentos están destruidos o perdidos. La ley no hace nada para garantizar los derechos de las personas refugiadas o desplazadas que huyeron por temor a perder la vida o a sufrir persecución si regresan a sus hogares.

Esta ley se presta claramente para ser utilizada indebidamente por un gobierno que ha dado muestra de despiadada determinación a la hora de aplastar a quienes considera que han estado asociados con sus oponentes.

Los refugiados y desplazados internos que regresen a sus hogares para reclamar la propiedad serán sometidas a una “limpieza de seguridad” por agentes del gobierno.

La realidad remite que la mitad de la población siria de preguerra considerada en 23 millones de personas ha sido forzada a abandonar sus hogares por la violencia donde se estima que hay 5,6 millones de sirios refugiados en el exterior y 6,2 millones de desplazados internos.

Esta jugada siria perjudica a Europa y es un tema más que debería analizarse en su álgido debate sobre migración, pero el mayor perjudicado es Líbano que teme que las condiciones impuestas por esta ley puedan impedir el retorno de un número significativo de refugiados sirios a sus hogares. En reiteradas ocasiones, las autoridades libanesas han afirmado que el país no puede soportar más «la carga» que representan y desde hace meses instan a que empiecen a regresar a algunas zonas de Siria que no son escenario de combates.

El primer ministro designado libanés, Saad Hariri, afirmó que la única solución entre Beirut y Naciones Unidas para solucionar la «crisis» que vive el Líbano, es que los refugiados sirios vuelvan a su país ya que el país se había convertido en un gran campamento de refugiados, mientras que por su parte el presidente Michel Aoun, ya había hablado de una “amenaza existencial” para el país.

Cabe considerar que los cristianos, que representan el 40 por ciento de la población libanesa conforman la otra cara de la moneda en la crisis de los refugiados sirios. Tanto ruido está haciendo el dossier de los refugiados que hasta el Patriarca de los maronitas en Líbano, Bechara Boutros Raï, se ha sumado al debate. El cardenal voló a París para reunirse con el presidente francés, Emmanuel Macron.

Se teme un cambio demográfico si los refugiados sirios se asientan en el país, perjudicando con ello a los cristianos del Monte Líbano. “Esta ley tiene un lado positivo, porque motiva a los sirios a volver a sus casas, y uno negativo, en el caso de que no dispongan de los medios necesarios para hacer valer sus derechos”, es la evaluación que ha hecho el patriarca sobre la nueva ley siria.

Es que al desborde de algunas infraestructuras nacionales deficientes, se añade el temor a un cambio confesional-demográfico en Líbano donde los refugiados sirios son más de un cuarto de la población y en su gran mayoría musulmanes y suníes. Esto implicaría un cambio en la balanza demográfica de Líbano, fundamental para su subsistencia teniendo en cuenta su sistema sectario, donde los escaños del parlamento son repartidos equitativamente entre cristianos y musulmanes.

¿Es el objetivo del presidente sirio Bashar Al Asad reemplazar a la antigua población por una nueva? Al Asad sostiene que no pero los expertos y los exiliados señalan que la ley podría convertirse en un instrumento para que el régimen impulse un cambio demográfico y social.

Con la nueva legislación, el régimen de Al Asad puede investigar a quienes regresan, asegurándose de que aquellos que huyeron del país por razones políticas no podrán reclamar su propiedad porque se enfrentarán a penas de cárcel por traición. De esta manera el gobierno sirio ha decretado estas leyes para beneficiarse de la destrucción masiva en Siria, y así garantizar que cualquier futura reconstrucción se hará bajo sus términos.