Durante la jornada de ayer, un total de 33 convencionales constituyentes recientemente electos para el cargo, se articularon bajo una agrupación denominada «La Vocería de los Pueblos» y llamaron a ejercer acciones de «soberanía popular» e “independiente de los partidos tradicionales, del poder económico y eclesiástico”.

En ese sentido, formularon un llamado en una conferencia telemática a desconocer el denominado «Acuerdo por la Paz y la Nueva Constitución» del 15 de noviembre de 2019, al señalar que «nunca lo suscribieron los pueblos» y que debe «hacerse efectiva la soberanía popular del órgano constituyente, tanto en el reglamento como en sus normativas».

Bajo ese estandar, los constituyentes, pertenecientes a movimientos sociales independientes y a la controvertida «Lista del Pueblo» plantearon seis aspectos o garantías para el funcionamiento de la Convención ConstitucionalLista del Pueblo, comenzando por el fin a lo que denominaron «prisión política en Chile», liberando a “todas las y los presos de la revuelta y del pueblo mapuche”.

El segundo punto es avanzar en «justicia y reparación», señalando que “no podemos continuar un proceso constituyente sin iniciar un proceso de responsabilidad política y material por el terrorismo de Estado que hemos sufrido”.

Otros puntos planteados son la «desmilitarización de los territorios del pueblo mapuche» y el «fin de la criminalización de extranjeros», con el fin de las deportaciones de migrantes.

Pero el punto más controvertido tiene que ver con la «soberanía» del órgano que construirá la nueva constitución, ya que según la agrupación, su límite sólo es el “respeto de los derechos fundamentales”. El proceso abierto por los pueblos, señalan, “no puede ser limitado a la redacción de una nueva Constitución bajo reglas inamovibles, sino que debe ser expresivo de la voluntad popular”, criticando entre otros términos el quórum de dos tercios para consagrar un contenido en la carta.

El Gobierno contestó ante el establecimiento de estas «garantías» de quienes conforman un quinto de la constituyente y señaló que el Gobierno «no redacta el reglamento», prestando sólo apoyo financiero y administrativo para el órgano, sin intervenir en el proceso. Además, el ministro manifestó que las atribuciones de los convencionales están fijadas por ley, y que en nuestro país no existe la prisión política.

«Se trata de darle al país una nueva constitución, cuya soberanía reside en la nación, que deben respetarse los tratados internacionales, pero me imagino que los constituyentes conocen esas normas. Cada cosa tiene que seguir el carril institucional que le corresponde. Si alguien quiere condicionar el rol por el cual fue elegido por ese tipo de materias, cada uno debe responder a su electorado», sostuvo Ossa.

ML/ATON Chile.