Marcela Hernando, actual candidata a la gobernación regional de Antofagasta, enfrentó serias críticas durante su gestión como alcaldesa de la ciudad, especialmente por el manejo de los fondos de la Ley SEP (Subvención Escolar Preferencial). En 2012, un informe de la Contraloría General de la República reveló una serie de irregularidades en la administración de estos recursos destinados a mejorar la educación de los estudiantes más vulnerables, ubicando a la municipalidad de Antofagasta entre las 20 más cuestionadas por el mal manejo de estos fondos.

La Corporación Municipal de Antofagasta, que estaba bajo su liderazgo, recibió $4.269 millones durante el período auditado por concepto de la Ley SEP, pero gastó un total de $4.400 millones, es decir, $130 millones más de lo que originalmente había sido presupuestado. A pesar de que la municipalidad gestionó los fondos en una cuenta corriente separada, lo que permitió un control básico sobre los gastos, la Contraloría encontró diversas irregularidades que afectaron la transparencia y el buen uso de estos recursos.

Uno de los gastos más cuestionados fue el destinado a $46 millones para el aseo de los establecimientos educativos, así como $28 millones en publicidad para la Corporación. Además, se evidenció un gasto de $80 millones en un contrato de wifi que abarcaba de marzo a diciembre, cuando los colegios solo podían utilizar el servicio desde abril. Aunque la Corporación reconoció algunos de estos errores, justificó los gastos afirmando que la nueva Ley 20.505, aprobada a fines de 2011, le permitía destinar hasta el 15% de los fondos de la Ley SEP a conceptos previamente no permitidos. Sin embargo, la Contraloría rechazó esta justificación, aclarando que la normativa no era retroactiva y que los gastos debían ajustarse a los parámetros establecidos por la ley.

La fiscalización también indicó que más de $10 millones fueron destinados a la remuneración de docentes, un gasto que, según la Contraloría, debía haberse cubierto con la subvención normal, no con los recursos de la Ley SEP. Además, se detectó que $397 millones no fueron debidamente justificados en cuanto a su destino, lo que llevó a la Contraloría a mantener la observación sobre esos fondos.

Aunque la Corporación Municipal de Antofagasta fue una de las pocas instituciones que gestionó los fondos de la Ley SEP en cuentas separadas, lo que ayudó a mantener un cierto orden, las irregularidades encontradas en su uso generaron preocupaciones sobre la capacidad de la administración de Hernando para manejar recursos públicos de manera adecuada y transparente, como lo han recordado usuarios a través de redes sociales durante su campaña a la gobernación de Antofagasta.

Este análisis se basa en el reportaje de Ciper Chile titulado «Ley SEP: Ranking de las 20 municipalidades más cuestionadas por Contraloría«, publicado el 28 de mayo de 2012.