El documento presentado por el abogado Juan Ignacio Piña, argumenta que tres empresas del Grupo Aliservice aumentaron artificialmente sus Estados Financieros, lo que les habría permitido adjudicarse contratos por más de $500 mil millones. Junto a la acción penal, se interpuso un recurso de invalidación ante la misma Junaeb, se solicitó al Ministerio Público oficiar al CDE por eventual fraude al Fisco y llamar a declarar al Director de la Junaeb, Jaime Tohá, junto a toda la Comisión Evaluadora.

Esta mañana, el abogado Juan Ignacio Piña, en representación de la Empresa Fedir Spa, presentó una querella criminal ante el Séptimo Juzgado de Garantía contra quienes resulten responsables del delito de falsificación y uso malicioso de instrumento privado, que fueron utilizados por tres empresas para adjudicarse parte de la última licitación de Junaeb. Esto podría anular la adjudicación de más de 1.800.000 raciones de alimentos diarios a entregar entre 2021 y 2024 en parte de la región Metropolitana, de Valparaíso, Ñuble y todo el Biobío.

El proceso

Cada año la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas, licita entre empresas ofertantes raciones de alimentos por unidades territoriales, para asegurar la alimentación de escolares y párvulos vulnerables del país. Dentro de los criterios para evaluar a los postulantes, se revisan la garantía de seriedad de la oferta, su oferta económica, su oferta técnica y sus estados financieros. Este último aspecto es crítico, pues es lo que permite garantizar que a pesar de cualquier contingencia que pueda haber durante la vigencia del contrato, el adjudicado pueda seguir cumpliendo sus obligaciones y la entrega de comida a los beneficiados no se vea interrumpida.

El fraude

En la licitación de Junaeb del 15 de enero de 2021, las empresas Las Lagunas SPA, Aliservice y la UTP Tekarera —todas vinculadas a Luis Alberto Yapur, mismo empresario a quien un año atrás la Intendencia Metropolitana le compró 150 mil cajas de alimentos para repartir en el contexto de la pandemia, por 5.250 millones de pesos—, se adjudicaron contratos por un monto total de $501.455.293.934 correspondiente a 1.041.070 raciones diarias a repartir en los territorios asignados.

Sin embargo, según sostiene la querella, para conseguir la adjudicación las empresas “fingieron un capital de trabajo presente y futuro superior al real, lo aumentaron de manera artificial por un total de $8.976.700.000, cuestión que les permitió obtener una calificación más ventajosa y adjudicarse la Licitación Pública”. Con esta manipulación, que consistió en hacer pasar pasivos de corto plazo entre las empresas relacionadas como si fueran de largo plazo, las tres empresas aseguraban 1.141.111 de potenciales raciones a financiar.

Alimentación en riesgo

El documento además señala que “a través de estas artimañas contables, no solo consiguieron la adjudicación ilegítima de los contratos licitados, si no que han puesto en riesgo la alimentación de escolares y párvulos. Además, causaron perjuicios económicos a todos los proponentes que se vieron ilícitamente desplazados y postergados en la licitación (…) adulteraron el contenido de los antecedentes esenciales y requeridos por las Bases de la Licitación Pública, consiguiendo, en perjuicio del Estado y de terceros, hacerse de contratos que, por capacidades económicas reales, ordenes contables y financieros, capacidades logística, entre muchos otros atributos, simplemente, no contaban”, lo que constituiría eventuales perjuicios para el Fisco.

En 2015, en una situación con características similares, Junaeb debió interrumpir anticipadamente los contratos con las Empresas Ibasa, que no contó con los recursos financieros que le permitieran cumplir con las 140 mil raciones de alimentos diarias que le habían sido adjudicadas en tres regiones, y Sercomaule, que contaba con un contrato por $ 14 mil millones anuales para la entrega de 116 mil raciones diarias, pese a que tenía impagos por más de 500 millones.

La responsabilidad de la Junaeb

La acción judicial también podría afectar a los funcionarios de la Junaeb involucrados en el proceso, puesto que es el Órgano Administrativo el encargado de velar por una óptima ejecución del contrato que adjudican. A esto se suma en la querella, que existieron múltiples artificios contables que habrían sido posibles de identificar contrastando la información de los Estados Financieros con otros antecedentes aportados por las empresas relacionadas. Para el querellante, “si la detección de la alteración contable no reviste mayor complejidad, y menos aún para una Comisión Evaluadora experta, es, al menos, llamativo que esta no lo haya identificado, por lo anterior, esperable resulta entonces que la presente investigación también se aboque a ello”.

Es por ello, que en la misiva se solicita llamar a declarar al Director de la Junaeb, Jaime Tohá, y a toda la Comisión Evaluadora de la mencionada licitación.

Oficiar al CDE

En el documento también se solicita que “del Ministerio Público se oficie al Consejo de Defensa del Estado, haciéndole llegar todos los antecedentes que son materia de la presente querella, para que éste resuelva según las atribuciones que le confiere su Ley Orgánica, ejercer las acciones penales que estime pertinentes en atención a los perjuicios patrimoniales que pudieren haberse ocasionado al Fisco”.

Cabe recordar que en 2015 el CDE presentó una querella por presunto fraude al fisco, al comprobarse que en la licitación de Junaeb de ese año se le adjudicó a la Empresa Vertti Frutti y Hendaya con sobreprecio cercano a $5.000 millones. El caso costó la salida del cargo al entonces Director de la Junaeb, José Miguel Serrano (DC), quien finalmente fue formalizado por fraude al fisco.

Junto con la acción penal, esta mañana también se presentó una solicitud de invalidación de la mencionada licitación ante la Junaeb, debido a que en atención a las adulteraciones de los Estados Financieros, la adjudicación a Las Lagunas, Aliservice y la UTP Tekarera serían contrarias a derecho.