Cathy Barriga Guerra, exalcaldesa de Maipú, llegó acompañada de su marido, el diputado Joaquín Lavín, al Noveno Juzgado de Garantía de Santiago para una audiencia clave relacionada con su caso judicial. En esta instancia, el Consejo de Defensa del Estado (CDE) y la Municipalidad de Maipú solicitaron una revisión de las medidas cautelares impuestas a Barriga, pidiendo la revocación de su arresto domiciliario y su reemplazo por prisión preventiva. El juez Hugo Torres acogió esta solicitud, lo que significó un giro importante en el proceso judicial.

Al llegar al Centro de Justicia, Barriga ofreció un punto de prensa en el que reiteró su postura de inocencia. «Nunca he tenido miedo de nada. Cuando eres inocente no tienes temor», expresó ante los periodistas que la esperaban. A pesar de sus declaraciones de tranquilidad y confianza en enfrentar la audiencia, la resolución del tribunal fue adversa, y la exalcaldesa fue esposada por Gendarmería antes de ser trasladada a la Cárcel de San Miguel, tras la decisión del juez Torres.

Barriga Guerra enfrenta cargos de fraude al fisco y falsificación de instrumento público. La decisión del tribunal de imponer la prisión preventiva se basó en el argumento de que su libertad representaba un peligro para la seguridad de la sociedad, considerando los antecedentes del caso. Este cambio en las medidas cautelares se interpretó como una victoria para las partes querellantes, que recientemente habían conseguido la aprobación de un embargo sobre los dineros obtenidos por Barriga a través de la venta de contenido para adultos en la plataforma Onfayer. Este embargo busca asegurar el cumplimiento de una posible sentencia civil en su contra, en caso de ser condenada.

El abogado de Cathy Barriga, Cristóbal Bonacic, calificó la resolución del tribunal como «arbitraria» y sostuvo que no se ajustaba a los méritos del caso. Según Bonacic, en una revisión de medidas cautelares, el tribunal debe evaluar nuevos antecedentes que justifiquen el cambio de la medida, algo que, a su juicio, no ocurrió. «El tribunal dio como argumento los mismos hechos que fueron objeto de formalización en enero de este año, resuelto por otro juez, por este mismo tribunal, entendido que no era suficiente la prisión preventiva», indicó.

Bonacic también subrayó que se ha ejercido una presión indebida sobre su representada desde el inicio del proceso judicial, lo que, según él, ha llevado a la privación de libertad sin fundamentos claros. «Estamos muy esperanzados de que tras la apelación que se va a presentar, la Corte de Apelaciones va a ajustar la resolución a lo que corresponda», concluyó el abogado, anticipando que impugnarán la medida de prisión preventiva ante la Corte de Apelaciones.

Con esta nueva resolución, Barriga se ve enfrentada a un proceso judicial cada vez más complejo, mientras que la querella continúa buscando la reparación de los perjuicios ocasionados por los delitos que se le imputan.