La acción penal patrocinada por el abogado Carlos Gajardo, busca que la justicia aclare los pagos millonarios recibidos por una asesora de parlamentarios de oposición, quien mientras participaba en la redacción del proyecto, al mismo tiempo prestó servicios remunerados a laboratorios internacionales agrupados bajo la Cámara de Innovación Farmacéutica (CIF).

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La Asociación de Farmacias Independientes de Chile (AFFI), presentó una querella por cohecho y soborno contra quien resulte responsable ante un posible nuevo caso de tráfico de influencias en la política chilena, esta vez, en la tramitación legislativa del proyecto Fármacos II. Esto, luego de que saliera a la luz pública que una abogada que actuaba como asesora de algunos parlamentarios de oposición al mismo tiempo que participaba en la redacción del proyecto, recibía pagos de una parte interesada, el gremio de laboratorios internacionales. 

La acción fue presentada este 22 de febrero luego de que el 17 de enero pasado se hiciera público por redes sociales que la abogada Andrea Martones, asesora ad honorem de los senadores de oposición en Fármacos II recibió pagos, conocidos a esta fecha, por $16.019.300, reconocidos incluso por parte de la Cámara de Innovación Farmacéutica, que agrupa a 24 laboratorios internacionales.

“La Comisión Mixta de Salud, si bien conoció que la asesora legislativa había recibido pagos por una parte interesada del proyecto, decidió continuar con la discusión del proyecto vertiginosamente, lo que nuestro juicio resulta inaceptable ya que existe un evidente conflicto de interés. Si esta ley está viciada, Chile y en especial los consumidores tienen derecho a saberlo. Es por ello que presentamos esta querella ya que no es posible que hechos tan graves como estos se normalicen, así como si nada”, señaló Hector Rojas, presidente de la Asociación de Farmacias Independientes.

La Asociación de Farmacias Independientes, que agrupa a 300 farmacias a lo largo del país, decidió emprender esta acción porque según aseguran el proyecto actual en su redacción y articulado beneficia a una parte de la cadena de valor de los medicamentos, concretamente a los laboratorios.

“Esta regulación impone a las farmacias regulaciones sin sentido, sin beneficio para los consumidores, y lo peor constituye la sentencia de muerte para las farmacias independientes. No podemos vender barato lo que seguiremos comprando caro. Nos parece que la salud de todos los chilenos merece una iniciativa legal transparente y que esté exenta de intereses y pagos ocultos en su diseño. Estamos a favor de una buena legislación, pero en la que no exista protección de intereses de los laboratorios internacionales”, agrega Rojas.

Para aclarar estos pagos el gremio cuenta con el apoyo del abogado y exfiscal, Carlos Gajardo, quien patrocina la querella y la investigación de lo ocurrido en el marco de la Comisión Mixta, que una vez supo de este hecho aceleró la discusión. Según la querella, si bien, durante el 2021 la instancia celebró sólo 8 sesiones en todo el año – de ellas tres oportunidades en enero, una en febrero, una en abril, y tres en julio – el 2022 en sólo 16 días celebraron 6 sesiones (los días 11, 17, 24, 25, 26 y 27 de enero).

“Hay antecedentes suficientes para sostener un posible cohecho y soborno ya que la factura se habría pagado el 2021 en paralelo a la discusión del proyecto. Pese a que la Comisión Mixta conoció estos hechos, curiosamente el trámite de la iniciativa se aceleró, cuando lo lógico hubiera sido iniciar una investigación más acuciosa antes de continuar. Este tipo de sombras es las que queremos esclarecer con esta querella por cohecho contra quien resulte responsable”, aseguró Carlos Gajardo.

Según la querella, el delito se podría configurar porque la asesora parlamentaria se habría encontrado ejerciendo una “función pública” y la Convención Interamericana contra la Corrupción define a la Función pública como «toda actividad temporal o permanente, remunerada u honoraria, realizada por una persona natural en nombre del Estado o al servicio del Estado o de sus entidades, en cualquiera de sus niveles jerárquicos.»

“Es sumamente grave que este hecho no haya sido declarado al momento en que esta asesora participó en el articulado del proyecto e indicaciones ya que lo prudente y ético hubiese sido declarar que en su calidad de experta asesoró a algunos laboratorios y abstenerse de una función pública como lo es la discusión del proyecto, ya que su mandante, los laboratorios, son parte interesada en el proyecto en trámite”, concluye Gajardo.

La querella presentada al Octavo Juzgado de Garantía de Santiago solicita a éste el envío de los antecedentes al Ministerio Público y una orden de investigar a la Policía de Investigaciones de Chile, entre otras diligencias, para esclarecer los hechos.

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